El pasado 15 de octubre de 2024, el Congreso aprobó la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una normativa que trae cambios significativos para los Centros Especiales de Empleo (CEE). Esta nueva ley, orientada a fortalecer la economía social, impone nuevas obligaciones de transparencia para los CEE y actualiza los incentivos fiscales y ayudas disponibles. Además, refuerza el papel de los CEE como actores clave en la inclusión laboral de personas con discapacidad.
De esta manera, se prevé que la ley entre en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, tras su aprobación el pasado octubre, se espera que comience a aplicarse a principios de 2025.
En ese sentido, es necesario conocer más de cerca dichas obligaciones y beneficios que establece la nueva normativa, para así poder implementarlos de manera efectiva. Es fundamental que los CEE se adapten a estos cambios para cumplir con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué es lo que cambia para los CEE?
La nueva ley redefine significativamente la relación entre los CEE y su función social, enfatizando la necesidad de que estas entidades garanticen no solo la estabilidad laboral, sino también la mejora de los itinerarios de inserción para personas con discapacidad. Se busca que los CEE vayan más allá de mantener la inclusión de estas personas en el ámbito laboral, alineándose con un enfoque de contratación indefinida que promueva la seguridad en el empleo a largo plazo. Esto implica la adopción de estrategias que faciliten la transición de las personas con discapacidad al mercado laboral ordinario.
Este cambio refuerza el compromiso de los CEE como agentes activos en la lucha contra la exclusión, permitiéndoles desempeñar un papel más relevante en la construcción de una sociedad más equitativa. Así, se contribuye no solo al bienestar de los trabajadores, sino también a la reducción de la desigualdad y a la promoción de la inclusión social en su conjunto.
¿Cuáles son las principales actualizaciones?
- Refuerzo de las obligaciones de transparencia: La nueva ley exige a los CEE la elaboración y presentación de una memoria anual que refleje tanto su actividad social y económica como sus objetivos de inclusión y ajuste. Este informe no solo servirá para mantener las subvenciones y ayudas públicas, sino que también reforzará la rendición de cuentas ante la sociedad. La transparencia en la gestión es clave para construir confianza con las administraciones públicas y la comunidad.
- Incentivos fiscales y subvenciones: Se han ampliado las bonificaciones y ayudas disponibles para los CEE. Ahora, aquellos que cumplan con los nuevos estándares de transparencia podrán acceder a incentivos fiscales más favorables, que les ayuden con sus infraestructuras, sus capacitaciones y un largo etcétera. Esto representa una oportunidad significativa para mejorar la sostenibilidad financiera de los CEE y aumentar su capacidad para cumplir su misión social.
- Nuevas reglas para los Servicios de Ajuste Personal y Social (SAP): La ley establece que los SAPS deben ser una parte integral de la actividad de los CEE. Se implementarán regulaciones más estrictas en cuanto a los profesionales que prestan estos servicios y las intervenciones necesarias. Esta medida refuerza el acompañamiento y el apoyo a las personas empleadas, garantizando su desarrollo profesional y personal, lo que es esencial para el éxito de los CEE en su misión de inclusión.
Impacto en la inclusión laboral
La nueva regulación permite a los CEE consolidar su papel como agentes de inclusión social y laboral. Al establecer un marco que no solo asegura su estabilidad económica, sino que también promueve un entorno de trabajo responsable y sostenible, esta ley se presenta como un paso significativo hacia la reducción de las brechas de desigualdad y una mayor cohesión social.
Además, la ley responde a la necesidad de una economía que no solo se base en la rentabilidad, sino que también valore el impacto social de las empresas. Al promover la inclusión y la igualdad, se contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial.
En este nuevo contexto, es crucial que los CEE cuenten con una gestión profesionalizada, que les permita cumplir con todos los nuevos requisitos establecidos por la ley. Esto incluye por ejemplo la correcta elaboración y presentación de la memoria anual o la implementación de prácticas de transparencia en su funcionamiento.
Cabe con todo ello destacar que en LEIALTA ofrecemos soporte especializado a los CEE, ayudándolos a adaptarte a estos cambios y asegurando que puedan aprovechar al máximo los beneficios de la ley.
Si tienes o quieres poner en marcha un CEE y deseas conocer más detalles sobre cómo esta ley puede beneficiarte, así como si necesitas asistencia en el cumplimiento de los nuevos requisitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para apoyarte en este proceso y garantizar que tu CEE no solo cumpla con las normativas, sino que también destaque como un modelo de inclusión y responsabilidad social.
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