España ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para dar prioridad a determinados proyectos de inversión considerados estratégicos.
El Real Decreto 731/2026, publicado en el BOE el 17 de septiembre, regula cómo podrán obtener esta consideración los proyectos que tengan un impacto relevante en la economía, el empleo, la industria o la tecnología.
La norma entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y afecta tanto a inversiones nacionales como extranjeras.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta declaración no elimina permisos ni autorizaciones. Su objetivo es facilitar la tramitación de proyectos relevantes y mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas.
Desde LEIALTA te contamos todos los detalles a continuación.
¿Qué se considera un Proyecto Estratégico de Inversión?
La norma está pensada para proyectos de inversión o reinversión que refuercen las capacidades productivas, tecnológicas o científicas de España. Por eso, no cualquier inversión podrá acogerse a este procedimiento.
Para determinar si un proyecto puede considerarse estratégico se tendrán en cuenta distintos factores. Por ejemplo:
- el volumen de inversión;
- la creación de empleo relevante o cualificado;
- el desarrollo de tecnologías críticas;
- la digitalización;
- el refuerzo de la capacidad industrial;
- la innovación y la investigación;
- la autonomía estratégica;
- la participación en determinadas iniciativas europeas.
Esto no significa que exista ya una cifra mínima de inversión o de empleo aplicable a todos los proyectos. Es decir, el Gobierno deberá aprobar todavía el baremo y la metodología que se utilizarán para valorar cada solicitud.
Además, la norma excluye algunas operaciones puramente societarias. Por ejemplo, la simple compra de participaciones o determinadas modificaciones estructurales de sociedades.
La clave estará en que exista un proyecto real de inversión con impacto económico, productivo o estratégico.
Un procedimiento pensado para dar prioridad a determinados proyectos
El nuevo sistema introduce dos fases.
Declaración previa
Primero se realizará una evaluación previa con el objetivo de comprobar si el proyecto reúne las condiciones necesarias para continuar dentro del procedimiento.
Esta primera decisión deberá adoptarse en el plazo de un mes desde la solicitud.
Sin embargo, obtener esta declaración previa no significa que el proyecto ya tenga la consideración definitiva de estratégico.
Análisis detallado del proyecto
Después se realizará un análisis más completo. En esta segunda fase se estudiarán cuestiones como el plan de negocio, el impacto económico, el empleo previsto o la aportación tecnológica del proyecto.
La resolución definitiva deberá producirse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
La decisión final corresponderá a la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
¿Qué puede conseguir una empresa con esta declaración?
La principal ventaja es la posibilidad de obtener una tramitación prioritaria y una mayor coordinación administrativa.
En función de las características del proyecto, también podrán contemplarse medidas para facilitar determinados procedimientos o el acceso a infraestructuras necesarias para desarrollar la inversión.
Además, los proyectos declarados estratégicos podrán tener prioridad en la tramitación de determinados incentivos regionales.
Esto no supone que la empresa reciba automáticamente una ayuda o subvención ni tampoco desaparecen los permisos, licencias o autorizaciones exigidos por la normativa aplicable.
La declaración sirve para facilitar y priorizar la ejecución del proyecto, pero no para evitar los controles administrativos existentes.
Una novedad especialmente relevante para inversores extranjeros
El nuevo procedimiento está dirigido expresamente a inversiones nacionales y extranjeras.
Esto puede resultar especialmente interesante para grupos internacionales que estén estudiando nuevas implantaciones, ampliaciones de actividad o inversiones productivas en España.
Ahora bien, existe un matiz importante: algunas inversiones extranjeras están sometidas a autorización previa en España. En estos casos, esa autorización deberá obtenerse antes de que el proyecto pueda recibir la declaración estratégica definitiva.
Por tanto, este nuevo procedimiento no sustituye el régimen de control de inversiones extranjeras. Ambos procesos deberán coordinarse cuando resulte necesario.
La norma está en vigor, pero todavía no pueden presentarse solicitudes
Aunque el Real Decreto ya ha entrado en vigor, el procedimiento todavía necesita algunos pasos para estar plenamente operativo.
El Gobierno debe publicar el baremo y la metodología que permitirán valorar los proyectos. También deberán habilitarse los medios electrónicos necesarios para presentar las solicitudes.
Una orden ministerial establecerá la fecha concreta a partir de la cual las empresas podrán iniciar el procedimiento.
Hasta entonces, las compañías que estén preparando inversiones relevantes pueden empezar a analizar si sus proyectos encajan en los criterios previstos por la norma.
También puede ser un buen momento para revisar la documentación que permita acreditar su impacto económico, laboral, tecnológico o industrial.
¿Qué deberían revisar las empresas interesadas?
La nueva figura puede ser relevante para proyectos de inversión importantes que estén en fase de planificación o desarrollo.
Antes de plantear una futura solicitud conviene valorar, entre otros aspectos:
- El volumen y calendario de la inversión.
- El empleo que generará.
- Su impacto industrial o tecnológico.
- Las autorizaciones administrativas necesarias.
- En inversiones extranjeras, si existe algún requisito previo de autorización.
El verdadero alcance del procedimiento se conocerá mejor cuando se publique el baremo. A partir de ese momento será posible determinar con mayor precisión qué proyectos tienen más posibilidades de obtener esta consideración.
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